La pena de muerte es un castigo inhumano e innecesario, que supone una violación de dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes. Una práctica que afortunadamente cada día tiene más detractores, pero que todavía sigue vigente en la legislación de 60 países.
En el año 2007 fueron ejecutadas al menos 1.252 personas en 24 países, y al menos 3.347 fueron condenadas a muerte en 51. Pero las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos advierten que estas cifras sólo son aproximadas, y que son muchas más las ejecuciones y las condenas que se produjeron a lo largo de dicho año, y sobre las que no se tuvo referencia alguna, debido al oscurantismo de muchos de los regímenes que siguen manteniendo esta práctica.
Actualmente, 92 países han abolido la pena de muerte en su legislación, y 34 más son considerados abolicionistas de hechos, es decir, aunque la mantienen en su legislación, no han llevado a cabo ninguna ejecución en los últimos 10 años.
Cada vez son más los países que abandonan esta cruel práctica. De hecho, en noviembre de 2007, la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, aprobó por primera vez en la historia una petición para la suspensión mundial de las ejecuciones, que recibió 99 votos a favor, 52 en contra y 33 abstenciones. El 20 de noviembre de 2008, volvió a votarse una resolución de similares características que supuso un aumento en el número de países que votaron a favor, y los que se abstuvieron.
De todas formas, todavía hay países que se niegan a acabar con esta brutal práctica, que la justifican, y que incluso la aplican a menores de edad.
Por eso, los abajo firmantes pedimos el abandono definitivo de la pena de muerte. Y reclamamos la firma de un compromiso internacional y unánime de rechazo y condena de la pena de muerte, y por la abolición definitiva de las ejecuciones en todo el mundo.
